Por Leider Duran
Perseguidos por la dictadura en casa y por la xenofobia afuera, ocho millones de venezolanos pagan dos veces el mismo precio
Hay un venezolano que salió de su país huyendo de una bota y llegó a otro país donde lo recibió otra bota. Distinta bandera, misma patada.
Lo persiguen adentro y lo apedrean afuera. Ese es el resumen de la tragedia venezolana en 2026, y ya es hora de decirlo sin eufemismos: al venezolano se le castiga dos veces. Una por irse y otra por quedarse.
La xenofobia como estrategia de gobierno
En Chile, el presidente José Antonio Kast firmó 75.000 órdenes de expulsión contra migrantes. Más de la mitad tienen nombre y apellido venezolano. No fue un accidente administrativo: fue promesa de campaña. Expulsar al extranjero vende votos cuando un gobierno no tiene respuestas para lo demás.
En Colombia, el presidente Abelardo de la Espriella lo dijo sin anestesia: «Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos». Traducción: el venezolano estorba. Colombia, el país que recibió a casi dos millones de venezolanos, hoy los trata como un problema electoral.
En Perú los llaman «venecos» y les cargan la inseguridad, el desempleo, los hospitales colapsados y hasta los divorcios. En Iquique, Chile, una turba quemó las carpas de familias venezolanas mientras la policía miraba para otro lado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tuvo que intervenir para exigirle al Estado chileno que protegiera a las víctimas.
¿El patrón? Gobiernos que no resuelven la delincuencia, el desempleo ni la crisis de sus propios países descubrieron un atajo: señalar al venezolano. Es más barato culpar al extranjero que gobernar. La xenofobia, cuando la usa un presidente, deja de ser ignorancia y se vuelve estrategia.
La trampa de meter a todos en el mismo saco
Y aquí viene la trampa más vieja del mundo: agarrar al delincuente y colgarle la nacionalidad encima. Que algunos venezolanos hayan cometido delitos no convierte a ocho millones de personas en delincuentes. Esa lógica, aplicada pareja, incendiaría el planeta entero: todos los colombianos y mexicanos serían narcos, todos los alemanes serían nazis, todos los italianos serían fascistas y todos los japoneses serían de la mafia.
Absurdo, ¿verdad? Pues ese absurdo es el que se aplica todos los días contra el venezolano.
El que delinque tiene nombre, cédula y prontuario. No tiene gentilicio. Cuando un gobierno mete a toda una nacionalidad en el mismo saco no está haciendo justicia: está haciendo racismo con papelería oficial.
En Estados Unidos tampoco hay refugio
Y si creen que el norte es distinto, miren a Doral, Florida. La llaman «Doralzuela»: 81.000 habitantes, más del 85 por ciento hispanos, la mitad venezolanos. En enero de este año sus calles se llenaron de fiesta cuando cayó Maduro. Nueve meses después, la directora del Venezuelan American Caucus la describe con dos palabras: ciudad fantasma. Negocios cerrados, familias que no mandan a sus hijos a la escuela, gente que no se atreve a abrir la puerta de su casa. El miedo tiene uniforme: se llama ICE.
El gobierno de Donald Trump les quitó a los venezolanos el TPS, el Estatus de Protección Temporal, y el parole humanitario. Seiscientos mil venezolanos quedaron expuestos a la deportación. El Departamento de Seguridad Nacional lo publicó sin rubor en sus redes: «SALGAN AHORA o serán DEPORTADOS». Un juez federal dijo que la decisión se basaba en animosidad racial contra los venezolanos. No importó: la Corte Suprema le dio vía libre al gobierno.
Las redadas son quirúrgicas y silenciosas. Solo en agosto de 2026, ICE arrestó a 50.925 personas en todo el país. Los agentes caen en noventa segundos: llegan y se llevan a la persona. Un venezolano fue detenido en el aeropuerto de Phoenix aunque tenía una orden judicial que prohibía su deportación; cuatro días después ya estaba en un avión rumbo a Venezuela y lo bajaron momentos antes del despegue, cuando ICE admitió que «posiblemente» había cometido un error. Posiblemente.
Y en marzo de 2025, el gobierno deportó a unos 238 venezolanos a El Salvador sin debido proceso, acusándolos sin pruebas de pertenecer al Tren de Aragua. Para hacerlo resucitaron la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una ley de guerra que no se usaba desde la Segunda Guerra Mundial. Hoy un tribunal federal evalúa acusar a la administración Trump de desacato por haber desobedecido a un juez.
Pero lo más grave es la contradicción: Washington sabe que la dictadura continúa. Negocia petróleo con Delcy Rodríguez, lee los mismos informes de la ONU que dicen que el aparato represivo está intacto… y aun así devuelve a los venezolanos a las manos del régimen. El propio servicio de inmigración les dice que «se preparen para regresar a Venezuela». ¿Regresar a qué? ¿Al país de los 324 presos políticos? ¿Al país de los colectivos armados y los apagones de diez horas? Devolver a un perseguido a su perseguidor no es política migratoria. Es entregarlo.
En casa la pesadilla no terminó
Pero la otra mitad de esta historia duele más, porque ocurre en casa. El 3 de enero de este año, fuerzas estadounidenses sacaron a Nicolás Maduro de Caracas. Muchos venezolanos lloraron de alegría. Creyeron que la pesadilla había terminado.
Nueve meses después, la Misión de la ONU para Venezuela publicó su informe y la frase es demoledora: el aparato represivo permanece intacto. Las mismas instituciones responsables de la represión, de las violaciones graves a los derechos humanos y de los crímenes de lesa humanidad siguen ahí, con las mismas estructuras y las mismas prácticas.
Los números no mienten: 324 presos políticos siguen tras las rejas al día de hoy, según el Foro Penal. 184 civiles y 140 militares. 178 sin condena. 32 extranjeros. Desde 2014 se cuentan más de 19.000 detenciones por motivos políticos. Hubo excarcelaciones y una ley de amnistía, sí, pero la amenaza sigue viva para todos.
Y los colectivos, esos grupos de civiles armados que el chavismo convirtió en su brazo ejecutor, siguen ahí. La propia ONU documentó que reciben órdenes operativas de ministros, diputados, gobernadores, alcaldes y jefes policiales, además de armas, municiones y motocicletas. Después del 3 de enero volvieron a patrullar Caracas, montaron alcabalas y detuvieron periodistas. No se ha tomado ni una sola medida para desarmarlos ni desmantelarlos. El régimen cambió de cara, pero no de manos: las que reprimen son las mismas.
¿Elecciones? Prometidas sin fecha. ¿Luz? Los peores apagones desde 2019, con racionamientos de hasta diez horas diarias. ¿Justicia? Al menos 19 funcionarios señalados por la ONU por graves violaciones siguen ocupando puestos clave.
Condenados en dos tribunales
Entonces entendamos el cuadro completo: al venezolano lo persigue un aparato represivo en su país y lo persigue la xenofobia fuera de él. No puede volver porque lo espera la cárcel, y no puede quedarse porque lo espera el desprecio. Es culpable en dos tribunales distintos por el mismo delito: haber nacido venezolano.
A los gobiernos de la región les digo: el venezolano no huyó por deporte. Huyó con una maleta y un miedo. Si van a señalar a alguien, señalen a los que vaciaron el país, no a los que el país vaciado expulsó.
Y a los venezolanos les digo: que nadie les haga pedir perdón por existir. La dignidad no se negocia ni se expulsa.
Y al final, una verdad incómoda
Los venezolanos nunca quisimos emigrar. Nadie se va de su casa por gusto. Nos forzaron a salir: primero la miseria y el hambre, después la bota. Un gobierno asesino, el de Chávez y sus herederos, nos empujó a la frontera con hambre, sin medicinas y sin futuro. El venezolano no es migrante: es desplazado. Es una víctima que camina.
Y aquí viene la verdad que les duele a los que hoy nos señalan: Venezuela recibió a los de afuera cuando fueron ellos los que huían. Los datos más recientes de la ONU, del año 2019, hablan por sí solos: 953.386 colombianos, 73.054 españoles, 53.473 portugueses, 50.022 italianos, 46.044 peruanos, 36.215 ecuatorianos y 14.950 chilenos vivían en Venezuela. Más de 1,3 millones de extranjeros en total. Y en su mejor momento, durante los años 70 y 80, el flujo colombiano llegó a 2,2 millones de personas.
Los chilenos llegaron huyendo de la dictadura de Pinochet: en su punto más alto fueron 80.000. Los ecuatorianos huyeron de la dictadura de Guillermo Rodríguez Lara en los años 70 y hoy son más de 190.000. Los colombianos huyeron de la violencia y la pobreza, y un director de Extranjería de la época lo dijo sin rodeos: «si los colombianos que están en el campo se fueran, Venezuela dejaría de comer». Los españoles llegaron huyendo del franquismo y de la posguerra, los italianos y los portugueses buscando la vida que Europa no les daba. Y la Colonia Tovar, fundada por alemanes en 1843, sigue ahí, hablando su dialecto alemán.
Hoy, más de dos millones de venezolanos llevan sangre italiana, dos millones sangre española y millón y medio sangre portuguesa. Esa es la herencia de haber abierto las puertas.
Y nunca, escúchenlo bien, nunca hubo redadas contra ellos. Nunca se les violaron sus derechos humanos por ser extranjeros. Nunca se les trató como delincuentes ni se les quemaron las carpas en una plaza. Venezuela les dio trabajo, escuela para sus hijos y un pedazo de tierra para sembrar, sin preguntarles de dónde venían.
Por eso la memoria importa: el que fue generoso cuando tenía, tiene derecho a exigir respeto cuando no tiene. Los venezolanos no pedimos lástima. Pedimos lo mismo que dimos: trato de gente.
