Se considera a Noruega como uno de los países más verdes del mundo.
Las bicicletas abundan en sus ciudades, el 98% de su electricidad proviene de fuentes renovables y nueve de cada diez autos nuevos vendidos en 2024 fueron eléctricos.
Noruega es, además, el país miembro de la Agencia Internacional de la Energía donde la electricidad cubre una mayor proporción del consumo energético total, y fue uno de los primeros en imponer impuestos al carbono.
Pero, al mismo tiempo, el país no ha dejado de aumentar su producción de gas y petróleo, combustibles fósiles contaminantes que exporta masivamente y que suponen la mayor fuente de ingresos del Estado noruego.
Estos recursos son, asimismo, el pilar del famoso fondo soberano —el llamado «Fondo del Petróleo»— que garantiza la solvencia del generoso sistema de pensiones y del estado del bienestar.
La contradicción entre su descarbonización interna y su papel como gran exportador global de fósiles ha sido bautizada como «la paradoja noruega» y genera, desde hace años, un intenso debate político y social.
Mientras colectivos ambientalistas y jóvenes activistas reclaman compromisos concretos y un calendario para reducir el negocio petrolero, el sector reivindica su importancia para la economía y los cientos de miles de empleos que genera.
La guerra en Medio Oriente, con el aumento de los precios globales provocado por el bloqueo de la estratégica ruta del estrecho de Ormuz, ha generado ingentes beneficios inesperados para Noruega, pero también ha reabierto uno de sus debates más incómodos.
