Por Leider Duran
Después de la victoria demócrata en el Congreso de Estados Unidos
La noche del 3 de noviembre de 2026 cambió el mapa político de Estados Unidos y, con él, el tablero sobre Venezuela. Pero hay que decirlo desde el principio, sin euforia y sin pánico: los demócratas ganaron el Congreso, no la Casa Blanca. Donald Trump sigue siendo presidente, sigue teniendo el veto, sigue controlando la política exterior por decreto, y seguirá gobernando Venezuela desde el Ejecutivo durante los próximos dos años. Lo que cambió es otra cosa, igual de importante: a partir del 3 de enero de 2027, Trump ya no gobernará sin nadie que le pida cuentas.
Este análisis separa lo verificado de lo probable, y lo probable de lo que simplemente es deseo.
1. El punto de partida: qué pasó en las elecciones
Los demócratas ganaron la Cámara de Representantes con al menos 228 escaños y el Senado con 54, según el balance publicado el 4 de noviembre, y además se quedaron con la mayoría de las gobernaciones por primera vez en 16 años. En el Senado le arrebataron siete escaños a los republicanos: Iowa, Kansas, Maine, Carolina del Norte, Ohio, Carolina del Sur y Texas.
El nuevo Congreso se instala el 3 de enero de 2027. Hakeem Jeffries será probablemente el presidente de la Cámara y Chuck Schumer el líder de la mayoría en el Senado. Hasta esa fecha, los republicanos siguen controlando ambas cámaras. Eso significa que hay una ventana de dos meses, noviembre y diciembre de 2026, en la que Trump y el Congreso republicano saliente todavía pueden tomar decisiones sin freno demócrata, incluida la fecha límite de financiamiento del 11 de diciembre.
La reacción de la Casa Blanca fue inmediata y reveladora: publicaron una foto del presidente con el texto “Notice: Trump is still your president”, es decir, “Aviso: Trump sigue siendo su presidente”. El mensaje es claro: la administración piensa seguir gobernando por decreto, pasando por encima del Congreso.
2. El punto de partida: qué es Venezuela hoy, antes del nuevo Congreso
Para entender qué puede cambiar, hay que entender qué hay hoy.
El 3 de enero de 2026, fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro y a su esposa y los trasladaron a Nueva York para enfrentar cargos de narcoterrorismo. Su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumió como presidenta interina y desde entonces gobierna Venezuela bajo la tutela práctica de Washington.
Trump dijo que Rodríguez está dispuesta a trabajar con Estados Unidos, y los funcionarios estadounidenses han dicho que presionarán al gobierno interino para, entre otras cosas, permitir que Estados Unidos dirija las ventas de petróleo y sus ingresos, limitando el papel de los adversarios de Washington en el sector.
Ese es el corazón del arreglo actual, y es un arreglo que casi nadie votó:
• El 6 de enero de 2026, Trump anunció un acuerdo petrolero por unos 50 millones de barriles. La Orden Ejecutiva 14373 creó los “Foreign Government Deposit Funds” dentro del Tesoro de Estados Unidos. El dinero se trata como propiedad venezolana, pero queda bajo custodia estadounidense. El secretario de Estado instruye al Tesoro sobre cada desembolso.
• Caracas presenta una solicitud de presupuesto mensual. Washington la aprueba o la niega. Es decir: Venezuela exporta petróleo, pero no toca la mayor parte de lo que cobra.
• En los primeros cuatro meses, salieron de Venezuela unos 100 millones de barriles, por unos 8.000 millones de dólares, según el seguimiento del Council on Foreign Relations. En total, unos 13.000 millones de dólares se han movido por arreglos que supervisa la administración estadounidense.
• La producción superó 1,1 millones de barriles diarios. American Airlines y United volvieron a volar a Caracas. Chevron, Shell, Repsol y Eni trabajan con licencias nuevas de la OFAC.
• Al mismo tiempo, Estados Unidos ha incautado seis buques que transportaban petróleo venezolano desde mediados de diciembre, y el secretario de Estado Marco Rubio ha repetido que esas incautaciones continuarán.
• En septiembre de 2026, Trump sacó a Venezuela de la lista de países que han “fracasado demostrablemente” en sus obligaciones antidrogas, atribuyéndolo a la cooperación con el gobierno interino de Rodríguez, aunque Venezuela sigue en la lista general de países de tránsito o producción de drogas.
En resumen: Maduro está preso en Nueva York, pero su círculo sigue en el poder en Caracas. Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello, los tres líderes del chavismo en el gobierno, siguen mandando, ahora con un socio incómodo y poderoso: Washington, que controla la caja del petróleo.
Ese es el statu quo que el nuevo Congreso hereda. Y ese statu quo no se deshace con una elección al Congreso.
3. Qué cambia de verdad: la palabra clave es supervisión
Para los venezolanos, la pregunta es: ¿qué cambia con esta nueva mayoría? La respuesta, como lo resumió Caracas Chronicles el 4 de noviembre, sigue siendo la misma: supervisión.
Durante los últimos dos años, el Congreso republicano funcionó más como escudo de Trump que como freno a su poder. A partir de enero de 2027, los demócratas pueden usar su victoria en cuatro frentes:
Primero, citaciones obligatorias.
Los comités de la Cámara pasarán a manos demócratas. Robert García y Gregory Meeks, antes miembros de mayor rango en las minorías de los comités de Supervisión y Asuntos Exteriores, ya no estarán en minoría. Tendrán autoridad para obligar a la administración a entregar documentos y testimonios. En el Senado, los comités Judicial y de Relaciones Exteriores también cambiarán de liderazgo.
Esto ya tiene un antecedente concreto: el 1 de octubre, los senadores Jeanne Shaheen, Jack Reed, Elizabeth Warren y Martin Heinrich hicieron pública una solicitud de información a Marco Rubio, Pete Hegseth y Chris Wright sobre el acuerdo con North American Blue Energy Partners (NABEP). Junto a Meeks, García pidió una copia del acuerdo con la firma de Alejandro Betancourt y recibió un solo documento. En enero, esas cartas pueden convertirse en citaciones.
Segundo, el presupuesto.
A diferencia de los últimos dos años, los republicanos ahora deben negociar las leyes de gasto con los demócratas. Eso les da a los demócratas la palanca para condicionar el financiamiento a una mayor transparencia del Ejecutivo.
Tercero, los nombramientos.
Los funcionarios de alto nivel necesitan confirmación de un Senado que Trump ya no controla. Si surge una vacante en la Corte Suprema, ese mismo Senado confirmará al reemplazo.
Cuarto, la legislación.
Las resoluciones sobre poderes de guerra que se estancaron en un Congreso liderado por republicanos ahora podrían aprobarse con ambas cámaras bajo control demócrata. Los proyectos de inmigración, largamente archivados en los cajones republicanos, podrían volver a la mesa.
En América Latina, el escrutinio se concentrará en figuras concretas: se espera que Gregory Meeks presida el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara y Joaquín Castro el Subcomité del Hemisferio Occidental, que investigaría el acuerdo petrolero con NABEP en Venezuela. En el Senado, Tim Kaine lideraría el Subcomité del Hemisferio Occidental y Chris Coons el Comité de Relaciones Exteriores. Ambos han cuestionado aspectos de la política de Trump hacia Venezuela.
En otras palabras: lo que cambia no es quién manda en Venezuela, sino quién puede preguntar, investigar y condicionar el dinero. Y en Washington, eso es mucho poder.
4. Qué NO cambia: los cinco límites duros
Aquí hay que ser explícito, porque es donde más se vende humo:
1. Trump sigue siendo presidente y sigue teniendo el veto.
Una mayoría demócrata estrecha, 54 senadores, por ejemplo, tiene más capacidad para investigar y negociar que para sustituir unilateralmente la estrategia presidencial. Para superar un veto hacen falta dos tercios en cada cámara. Eso no existe.
2. El filibusterismo sigue vivo.
En el Senado, una mayoría simple permite aprobar leyes, pero la minoría puede bloquear su avance prolongando el debate. Para superar ese bloqueo se necesitan normalmente 60 votos. Una mayoría demócrata de 51 o 52 senadores tendría que sumar apoyos republicanos para sacar adelante buena parte de su agenda.
3. La política exterior es del Ejecutivo.
Las audiencias, las resoluciones y las solicitudes de información no revocan por sí solas licencias petroleras, no anulan contratos ni imponen elecciones en Venezuela. Su efecto es elevar el costo político de las decisiones de la Casa Blanca. Como lo dijo un analista a Caracol: no importa lo que pase, seguirá siendo el mismo presidente con el mismo gabinete, y lo que cambia es el control del Senado y la Cámara sobre esa administración.
4. Lo del 3 de enero no se puede deshacer.
La línea que puede funcionar para los demócratas, según Caracas Chronicles, es la que lideran Wasserman Schultz y García: aceptar que lo que pasó el 3 de enero no se puede deshacer, y exigir que cambien las prioridades. Maduro no vuelve a Miraflores por una votación en el Congreso. Delcy Rodríguez sigue siendo la interlocutora de Washington.
5. El petróleo sigue fluyendo bajo control estadounidense.
Ni las licencias de la OFAC ni el sistema de cuentas controladas por el Tesoro dependen de una votación del Congreso para seguir operando mañana. Lo que el Congreso puede hacer es investigarlas, auditarlas y presionar por transparencia, por ejemplo, el proyecto de ley de transparencia de los ingresos petroleros de Venezuela, presentado por los senadores Adam Schiff y Chuck Schumer, y la solicitud demócrata a la Oficina de Rendición de Cuentas (GAO) para auditar el sistema, pero no puede apagar el grifo con un discurso.
5. El petróleo: el verdadero campo de batalla
Si hay un tema donde el nuevo Congreso sí puede mover la aguja, es el dinero del petróleo.
Los demócratas ya han señalado tres líneas de ataque:
• Transparencia de los ingresos. ¿Cuánto petróleo se vende, a quién, a qué precio, y dónde va cada dólar? Hasta ahora, PDVSA no publica cifras de ingresos desde 2016, y la administración Trump tampoco. Los demócratas quieren auditorías trimestrales, se mencionó a KPMG, y acceso a los contratos, incluido el de NABEP y Betancourt.
• La DFC y la inversión. Hoy la Corporación Financiera de Desarrollo de Estados Unidos (DFC) tiene prohibido operar en Venezuela, pero se contempla un cambio. Hay legislación pendiente en la Cámara para quitar ese obstáculo, y podría aprobarse en diciembre. Un regreso de la DFC a Venezuela ayudaría a respaldar inversión privada en energía, infraestructura, crédito, transporte y agricultura.
• Las licencias. La OFAC reconstruyó el sistema de licencias por etapas: la Licencia General 46 llegó el 29 de enero y cubría el petróleo de origen venezolano, y el 10 de junio el Tesoro reemplazó siete licencias con un marco consolidado que nombra a BP y otras empresas. El Congreso puede pedir que se publiquen las condiciones de cada licencia y que se explique por qué unas empresas entran y otras no.
El escenario más probable no es que el Congreso cierre el petróleo venezolano, eso dañaría a las empresas estadounidenses que ya están adentro y subiría los precios del crudo, sino que lo condicione: más transparencia, más auditoría, y más presión para que parte de esos ingresos se traduzca en una apertura política real, no solo en una apertura económica para unos pocos.
6. Las elecciones en Venezuela: la pelea por el calendario
Aquí está el segundo gran campo de batalla, y el más humano: cuándo votan los venezolanos.
María Corina Machado regresó a Venezuela el 25 de octubre de 2026, después de diez meses de exilio y siete intentos fallidos de volver, y fue recibida por miles de seguidores en Caracas. Es Premio Nobel de la Paz 2025, y su regreso volvió a poner las elecciones en el centro de la discusión.
Pero hay tres calendarios en disputa, y no son el mismo:
• El de Machado y la oposición: un nuevo Consejo Nacional Electoral este año y elecciones presidenciales en 2027. Su equipo habla del 24 de julio de 2027 como fecha estimativa, y su hoja de ruta incluye liberación de presos políticos, alianzas y restitución de la democracia.
• El de la mesa de diálogo impulsada por Washington: primero renovar el Tribunal Supremo de Justicia, luego el CNE, y por último que Delcy Rodríguez declare la “vacante presidencial” para convocar presidenciales en seis meses. Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, dijo que apenas en diciembre se designará un nuevo TSJ, y el nuevo CNE sería el próximo año. Ella esperaba elecciones a finales de 2027 o comienzos de 2028.
• El de la administración Trump: el horizonte que maneja Washington es julio de 2028, según información recabada por ABC. Es una preferencia estadounidense, no una fecha acordada. Eso permitiría a Delcy prolongar su permanencia mientras se negocian las reformas y las condiciones de los comicios.
Delcy Rodríguez, por su parte, dijo el 29 de octubre que Venezuela celebrará las elecciones previstas en su Constitución y que contará con una autoridad electoral renovada, pero evitó precisar cuándo. Su reacción al regreso de Machado fue tardía y crítica: dijo que le era “indiferente” y que Machado podía evitar hacer un “show”.
¿Qué puede hacer el Congreso demócrata aquí? Mucho y poco a la vez:
• Mucho: enviar delegaciones a Venezuela para reunirse con funcionarios y líderes políticos, en lo que se verá como un impulso para acelerar las elecciones. Esa es una posibilidad alta, según los analistas de asistencia exterior.
• Poco: imponer una fecha. Las elecciones nacionales en 2027 son posibles, la Asamblea Nacional podría votarse en diciembre de 2027, pero las presidenciales son más probables en 2028. Y no tiene sentido que los demócratas presionen por un calendario acelerado antes de que Venezuela esté lista para sus elecciones legislativas y presidenciales.
La conclusión explícita: el Congreso puede acelerar el proceso, puede exigir condiciones, puede vigilar que el CNE y el TSJ nuevos no sean un maquillaje, pero no puede convocar elecciones por decreto. La fecha final se negociará entre Washington, Caracas y la oposición, y el Congreso será el testigo incómodo de esa negociación, no el que firma la convocatoria.
7. Los venezolanos en Estados Unidos: el TPS y la migración
Para la diáspora venezolana en Estados Unidos, unas 600.000 personas bajo TPS en total, la victoria demócrata tiene un significado distinto y más directo.
El TPS para Venezuela se otorgó por primera vez en 2021. La administración Trump decidió vaciar y terminar la designación. Un tribunal de distrito falló en septiembre que esa decisión era ilegal, pero la Corte Suprema después se puso del lado de la administración, permitiendo al Departamento de Seguridad Nacional seguir quitándoles las protecciones a los venezolanos mientras el caso se considera en el Noveno Circuito. El 19 de mayo, la Corte Suprema autorizó a la administración a terminar el TPS para unos 350.000 venezolanos de la designación de 2023.
Los demócratas han liderado la defensa legal y legislativa del TPS:
• Debbie Wasserman Schultz, reelegida con 74,4 por ciento en su distrito, criticó a Trump por dejar al círculo íntimo de Maduro a cargo de Venezuela y encabezó la defensa legal del TPS para los venezolanos.
• Van Hollen y Wasserman Schultz lideraron a más de 120 miembros del Congreso en un escrito de amigo de la corte para defender el TPS de Venezuela.
• Wasserman Schultz es coautora del proyecto bipartidista Venezuela TPS Act de 2025, que restauraría el estatus legal a los venezolanos privados de protección, y del Venezuelan Adjustment Act, que permitiría a los beneficiarios de TPS y parole convertirse en residentes permanentes. Van Hollen presentó la SECURE Act, para dar a los beneficiarios de TPS y DED un camino a la residencia permanente.
Con el Congreso en manos demócratas, esos proyectos pueden avanzar en comités y llegar a votación en la Cámara. Pero aquí vuelve el límite duro: para convertirse en ley necesitan 60 votos en el Senado y la firma de Trump, o dos tercios para superar su veto. Eso no existe hoy. Así que el cambio más realista para la diáspora no es una ley milagrosa en enero, sino tres cosas: presión política constante, defensa en los tribunales, y un Congreso que ya no es cómplice silencioso de las deportaciones.
Al mismo tiempo, los demócratas han prometido investigar a ICE, las condiciones de detención, las prácticas de gasto y los acuerdos con la prisión CECOT de El Salvador bajo Nayib Bukele. Eso no devuelve el TPS por sí solo, pero sí pone bajo la lupa el aparato que lo está desmantelando.
8. Cuba, Irán y el resto de América Latina: el contexto que presiona a Venezuela
Venezuela no está sola en este tablero. Trump ha sido mucho más agresivo en el hemisferio occidental que los presidentes recientes, incluyendo la operación militar que sacó al presidente de Venezuela y más de un año de ataques mortales a embarcaciones frente a la costa del país. También ha impuesto sanciones buscando dañar al gobierno comunista de Cuba, con amenazas de acción militar para forzar un cambio de gobierno, y ha buscado influir en elecciones en Honduras, Argentina, Colombia y Brasil.
Los demócratas han prometido investigar todo eso: el acuerdo petrolero con Betancourt, los bombardeos a supuestas narcoembarcaciones en el Caribe, los abusos de ICE y las acciones del Departamento de Guerra.
Y hay un frente más: la guerra con Irán. Trump lanzó la guerra con Irán junto a Israel el 28 de febrero sin aprobación del Congreso, y los demócratas han votado repetidamente para terminar los combates a menos que busque autorización del Congreso. Con su nueva influencia, los demócratas podrían recortar el gasto de defensa o frenar nombramientos para presionar a Trump a obtener permiso del Congreso para continuar la guerra. Trump pidió un aumento sin precedentes del 67 por ciento en el presupuesto militar este año, a 1,5 billones de dólares, pero los demócratas lo bloquearon en el Senado.
¿Por qué importa esto para Venezuela? Porque el dinero y la atención son finitos. Si el Congreso frena la guerra de Irán, si condiciona el presupuesto militar, si investiga Cuba y el Caribe, todo eso le quita oxígeno político a la operación venezolana tal como está diseñada hoy. No la detiene, pero la obliga a rendir cuentas.
9. Tres escenarios para 2027
Escenario 1: El Congreso como freno eficaz (el más probable en el corto plazo).
Los demócratas usan citaciones, presupuesto y confirmaciones para obligar a la administración a transparentar el acuerdo petrolero, a acelerar la ruta electoral y a proteger el TPS por la vía judicial y legislativa. Delcy Rodríguez sigue en el poder, el petróleo sigue fluyendo, pero con más luz encima. Las elecciones se negocian para finales de 2027 o 2028. Machado hace política dentro de Venezuela, sin un papel formal en la mesa de diálogo, presionando desde la calle y desde las redes.
Escenario 2: El choque institucional (posible, pero costoso para todos).
Trump responde a la supervisión con más decretos, más vetos y más ataques al Congreso. Los demócratas responden con investigaciones que pueden terminar en un juicio político. El proceso venezolano se congela: Washington y Caracas no se ponen de acuerdo en nada, las elecciones se postergan, y la economía del petróleo sigue siendo una caja negra. Los venezolanos dentro del país pagan el precio de la parálisis.
Escenario 3: El acuerdo negociado (el menos probable, pero el más deseable).
La presión del Congreso, la presencia de Machado en Venezuela y el interés de las empresas petroleras en estabilidad empujan a un acuerdo: nuevo TSJ y nuevo CNE con participación real de la oposición, liberación de presos políticos, amnistía que ya está en marcha en los aeropuertos, y elecciones presidenciales con fecha fija en 2027 o principios de 2028, con observación internacional. La DFC entra a Venezuela y la inversión privada empieza a reconstruir infraestructura, energía y agricultura.
Ninguno de estos escenarios es seguro. Pero el primero es el que ya empezó a construirse el 4 de noviembre.
10. Qué sigue igual, en una frase por tema
• El presidente: Trump sigue siendo presidente hasta enero de 2029. No hay juicio político que lo saque sin dos tercios del Senado.
• El gobierno interino: Delcy Rodríguez sigue al mando en Caracas, con el chavismo en el poder y Washington como socio y vigilante.
• El petróleo: sigue saliendo, sigue pasando por cuentas controladas por Estados Unidos, y sigue siendo la principal fuente de ingresos del país.
• Las sanciones: la arquitectura de sanciones sigue vigente; lo que cambia es quién puede auditarla y condicionarla.
• Las elecciones: no hay fecha oficial. La pelea por el calendario, 2027 contra 2028, es ahora el centro de la política venezolana.
• El TPS: sigue en los tribunales. El Congreso demócrata puede defenderlo, pero no puede restaurarlo por sí solo sin 60 votos en el Senado y la firma de Trump.
• La migración: ICE sigue operando, las deportaciones siguen, y la única diferencia real es que ahora habrá investigaciones y presión política sobre cómo se hacen.
Conclusión: una victoria que no es un final, sino un comienzo
La victoria demócrata no es el final de la historia de Venezuela. Es el comienzo de una historia distinta: la de un gobierno estadounidense que ya no puede hacer lo que quiera con Venezuela sin que nadie le pregunte.
Para los venezolanos dentro del país, eso puede significar más transparencia sobre el dinero del petróleo, más presión por elecciones con fecha, y más visitas de congresistas que pregunten por los presos políticos y por las condiciones del CNE. Para los venezolanos en Estados Unidos, puede significar una defensa más fuerte del TPS y una investigación real sobre ICE.
Pero nadie debe confundirse: el poder real sobre Venezuela sigue en la Casa Blanca, en el Tesoro y en Miraflores. El Congreso no gobierna Venezuela. Lo que hace, a partir de enero, es impedir que se gobierne en la oscuridad.
Y eso, después de dos años de oscuridad, ya es un cambio enorme.
